Abogado Civilista en Granada

Un abogado civil es cualquier abogado que trabaja en el área civil de forma genérica. Un abogado civilista es aquel que se ha especializado profundamente en Derecho Civil: conoce la jurisprudencia actualizada del Tribunal Supremo, la normativa especial (LAU, LPH, LC, etc.) y tiene experiencia práctica en los distintos tipos de procedimientos civiles. En POZO Abogados contamos con abogados civilistas especializados por materias.

Los juzgados civiles de Granada tienen distintos tiempos según el procedimiento: el proceso monitorio puede resolverse en 2-6 meses si no hay oposición. El juicio verbal suele durar 6-12 meses. El juicio ordinario puede alargarse entre 12 y 24 meses dependiendo de la complejidad. En muchos casos, la vía extrajudicial o la mediación puede resolver el conflicto en semanas.

Depende de la cuantía y del procedimiento. En procesos de cuantía inferior a 2.000 €, no es obligatorio ni abogado ni procurador. Para cuantías entre 2.000 € y 6.000 € se requiere abogado pero no procurador. Por encima de 6.000 € son obligatorios ambos. En cualquier caso, tener abogado siempre es recomendable para proteger tus intereses, incluso cuando no es obligatorio.

Depende del tipo de acuerdo. Si firmaste una novación o un acuerdo extrajudicial antes de 2016, el Tribunal Supremo ha establecido que esos acuerdos pueden ser nulos si no hubo información transparente. Si firmaste después, la situación es más compleja pero también puede haber solución. Te analizamos el caso.

Cuando el deudor es insolvente o ha ocultado bienes, existen varios mecanismos legales: la acción pauliana para atacar transmisiones fraudulentas, la responsabilidad de administradores en caso de sociedades, y la posibilidad de ejecutar en cuanto aparezcan bienes en el futuro (la sentencia no prescribe mientras no se cobre). También investigamos cuentas bancarias y patrimonio a través del Registro de la Propiedad y los juzgados.

Sí. Con la tramitación adecuada y en juzgados no saturados, el proceso de desahucio por impago puede resolverse en 3-5 meses. La clave está en enviar el burofax correcto antes de presentar la demanda y elegir el procedimiento más ágil. En POZO Abogados actuamos desde el primer impago para minimizar el tiempo y las rentas perdidas.

Ese plazo es el de un procedimiento sin oposición del inquilino. Si se opone, o si acredita una situación de vulnerabilidad, los plazos se alargan por las suspensiones que prevé la ley.

La Ley de Segunda Oportunidad (reformada en 2022) permite a particulares y autónomos que no pueden pagar sus deudas obtener la exoneración del pasivo insatisfecho: es decir, que un juez declare que las deudas restantes quedan canceladas. Pueden acogerse quienes actúen de buena fe, hayan intentado un acuerdo extrajudicial con los acreedores y no hayan sido condenados por delitos económicos en los últimos 10 años.

El acuerdo extrajudicial es preferible cuando: el importe en juego es relativamente bajo, la contraparte tiene voluntad de negociar, o los costes del proceso judicial superarían la ganancia esperada. Sin embargo, hay situaciones en que ir a juicio es imprescindible: cuando la contraparte no ofrece condiciones razonables, cuando hay precedentes judiciales claros a tu favor, o cuando necesitas un título ejecutivo para embargar bienes. Te asesoramos sobre cuál es la opción más rentable en tu caso.

Para tramitar una herencia necesitas: certificado de defunción, certificado del Registro de Actos de Última Voluntad, copia del testamento (o acta notarial de declaración de herederos si no hay testamento), documentos acreditativos de los bienes (escrituras, certificados bancarios, fichas catastrales), DNI de todos los herederos y liquidación del Impuesto de Sucesiones en la Junta de Andalucía. Gestionamos todo el proceso por ti.

Sí. La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y el Código Civil te amparan. Tienes derecho a reparación, sustitución, rebaja del precio o resolución del contrato cuando el bien tiene un defecto. El plazo general es de 3 años desde la entrega del producto. Si el vendedor se niega, podemos ejercitar la acción judicial por vicios ocultos o defectos de conformidad.

Sí. Para reclamar judicialmente una deuda no es imprescindible un contrato firmado: sirven transferencias bancarias, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, facturas o cualquier documento que acredite que la deuda existe. El proceso monitorio admite precisamente este tipo de prueba documental. Reúne todo lo que tengas y consúltalo cuanto antes: el plazo general para reclamar es de 5 años.

No lo ignores: en el monitorio tienes 20 días hábiles para pagar u oponerte por escrito. Si no haces nada, el acreedor puede pedir directamente la ejecución y el embargo de tus bienes. Si la deuda es incorrecta, está prescrita o ya la pagaste, conviene presentar oposición. En POZO Abogados & Asociados revisamos la reclamación y te indicamos la mejor defensa.

Para deudas hasta 2.000 € no es obligatorio abogado ni procurador. Por encima de esa cantidad, sí lo es. En POZO Abogados valoramos cada caso para elegir la vía más eficiente. La consulta inicial tiene un coste de 60€.

El plazo general de prescripción es de 5 años para acciones personales (art. 1964 CC). Para reclamaciones por responsabilidad extracontractual (daños), el plazo es de 1 año. Es fundamental actuar antes de que venzan estos plazos.

El juicio verbal se usa para asuntos hasta 15.000 € y es más ágil (6–12 meses). El juicio ordinario aplica a cuantías superiores o materias complejas (12–24 meses). Para desahucios por impago siempre se usa el juicio verbal.

Sí. Si ganas, el juez normalmente impone las costas al demandado, incluyendo honorarios de abogado y procurador dentro de los límites legales. Si la demanda se estima parcialmente, cada parte suele asumir las suyas.

Es el procedimiento más rápido para reclamar deudas dinerarias documentadas. Si el deudor no paga ni se opone en 20 días hábiles, se puede ejecutar directamente. Es la opción más eficiente para la mayoría de reclamaciones.

Sí. La Ley de Ordenación de la Edificación establece plazos de garantía de 1, 3 y 10 años según el tipo de defecto. Es esencial actuar dentro del plazo y contar con un perito que acredite el daño.

Puedes impugnarlo judicialmente. El plazo es de 3 meses si es contrario a la ley o los estatutos, y de 1 año si es gravemente lesivo. Es imprescindible haber votado en contra o salvado el voto en la junta.