Abogado de Injurias y Calumnias en Granada

Qué es cada cosa

Calumnia (art. 205): la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Acusar a alguien de haber cometido un delito, sabiendo que no es cierto o sin importarte si lo es.

Injuria (art. 208): la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Y aquí viene el filtro que decide la mayoría de los casos: solo son delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves.

La publicidad —difundirlo en redes, en un grupo amplio, en un medio— no es un detalle: duplica el marco de la pena y, en la calumnia, es lo que abre la puerta a la prisión.

Tres reglas propias que cambian todo el procedimiento

Los delitos contra el honor no funcionan como el resto. Estas tres particularidades hay que conocerlas antes de decidir nada.

1. Son delitos privados: hace falta querella

El artículo 215 es claro: nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida o de su representante legal. No basta con denunciar. Solo se procede de oficio cuando la ofensa se dirige contra funcionario público, autoridad o agente sobre hechos de su cargo.

2. El perdón del ofendido extingue la acción

A diferencia de casi todo lo demás en penal, aquí el perdón de la persona ofendida extingue la acción penal. Eso convierte el acuerdo —una rectificación pública, una disculpa, una indemnización— en una salida real y habitual.

3. La exceptio veritatis

El artículo 210 exime de responsabilidad al acusado de injuria que pruebe la verdad de sus imputaciones cuando se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos de su cargo o referidos a infracciones administrativas. En la calumnia, probar el hecho imputado exime siempre.

Honor y libertad de expresión: dónde está el límite

Es el verdadero terreno de juego de estos asuntos, y explica por qué muchas querellas no prosperan.

La libertad de expresión ampara la crítica, incluso la molesta, hiriente o desabrida. Lo que no ampara es el insulto gratuito: la expresión vejatoria innecesaria para transmitir la idea. Y cuando se trata de imputar hechos, entra en juego la libertad de información, que protege lo veraz —entendido no como verdad absoluta, sino como diligencia razonable en contrastar— y de relevancia pública.

Y hay una vía paralela que muchas veces resulta más eficaz: la protección civil del honor de la Ley Orgánica 1/1982, que permite reclamar indemnización y rectificación sin necesidad de que haya delito. En bastantes casos es el camino más práctico.

Si es en redes sociales

Es de donde viene ya la mayoría de estos asuntos, y añade dos problemas: identificar a quien está detrás de un perfil, y que el contenido puede desaparecer en cualquier momento.

• Documenta primero, reclama después. Acta notarial o volcado con garantías antes de pedir la retirada: una vez borrado, probar que estuvo ahí es mucho más difícil.
• La difusión agrava. Publicarlo en abierto o en un grupo amplio activa la modalidad «con publicidad».
• Compartir también puede responder. Difundir lo ajeno no es neutral.

Cuando el asunto va más de reputación que de castigo, lo vemos con Derecho Digital, que trabaja la retirada de contenido y el derecho al olvido.

Si quieres el detalle de cómo funciona esto —qué plazos corren, por qué hace falta querella y no denuncia, y cuánto se puede reclamar—, lo explicamos paso a paso en difamación en redes sociales, paso a paso.

Plazos y dónde se tramita

Ojo al plazo: las injurias y calumnias prescriben al año (art. 131.1), igual que los delitos leves. Es un plazo corto y se agota antes de lo que la gente cree, sobre todo mientras se duda si merece la pena actuar.

La querella se presenta en el juzgado de instrucción del partido judicial correspondiente, y el enjuiciamiento va a los Juzgados de lo Penal de Granada o Motril.